Hace menos de un mes informes noticiosos, filtrados o no, hicieron saber a los simples mortales, vía diputación del PRD en el Estado de México, que el gobernador de la importante entidad , mostrado aspirante y suspirante precandidato a la Presidencia de la República gastó la módica cantidad de 20 millones de pesos en publicidad política y de imagen personal y parte de esa suma fue a parar a manos de los socios de las empresas de la Televisión que cobran en promedio 350 mil pesos por cada spot y quienes ahora nos resultan defensores de temas que ellos mismos vilipendiaron antes de su enfrentamiento con el Senado de la República con motivo la nueva ley de reforma electoral.
El Secretario de Finanzas y leal subalterno defendió a su jefe argumentando que esa información carecía de importancia puesto que otros Estados y municipios como Ecatepec que está en manos del PRD gastan más. Y lo que para un ciudadano trabajador resulta una estratosférica cantidad, es apenas 20 % de lo presupuestado al Gobierno en cuestión contra el 26 % que disponen otros gobernadores estatales y 36 % el gobierno federal.
Escasos días parecen darle la falaz razón al funcionario del Estado de México, porque hoy despertaron los lectores de periódicos con una comunicación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) afirmando que Vicente Fox, el mismo de la transición democrática y de los golpes de pecho en la basílica gastó 20 millones de pesos sólo en materiales que incluyeron historietas relacionados con la difusión sus logros ; y que pagó, entre otras lindezas, 57 mil pesos a una persona para la “corrección de estilo” de su informe y estas cantidades sólo corresponden a cinco años de des- gobierno puesto que la versión no incluye datos del año 2002.
En Veracruz, proporciones guardadas, casi estamos estrenando un IVAI al que se le han rendido muchos honores sin conocer aún si los funcionarios que inauguran este Instituto usarán sus facultades legales para realizar acciones más allá de clasificar información, es decir, calificar como datos y documentos “clasificados” a los que la ciudadanía no puede tener acceso por “seguridad” del Estado aunque quienes son responsables de los manejos de los asuntos públicos sean personas contratadas por la ciudadanía para servirnos y que el “primer mandatario” deba ser el primero en el cumplimiento del mandato y no el que manda a todos como la tradición caudillista o monárquica ha sembrado en la cultura popular.
En ese tenor, ¿sabremos algún día y con certeza a cuánto ascienden los gastos del gobierno de Veracruz para publicitar sus acciones personales e institucionales? ¿Un gobernador como el nuestro, que recorre día y noche la geografía estatal evidenciando comportamientos que en otros lenguajes podría ser calificado de populista necesita pagar la publicidad de sus actos? ¿No resultarán más baratos los testimonios de los beneficiarios de esa obra?
En su “Manual del Ciudadano Contemporáneo” Ikram Antaki a quien he citado en mi colaboración anterior dice que “los que cuidan las formas son aquellos que tienen algo qué probar; quienes no tienen nada que probar, porque su poder está en el campo de la evidencia, habla como quieren, se visten como quieren y hacen lo que quieren” La separación entre lo político y lo privado es uno de los pilares del contrato republicano término este último usual entre los gobernantes y los políticos. El que la voluntad de la transparencia sea una reivindicación de una sociedad acostumbrada al ocultamiento sistemático de todas las turbiedades y que la sociedad actual demande de sus élites una transparencia absoluta es una demanda que debe ponderar el gobernante. Es muy probable que esta idea tenga coincidencia en la práctica del gobierno que tenemos en Veracruz que se difunde como “el Estado de Todos”.
Xalapa, Ver. 8 de octubre de 2007.
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